martes, 12 de febrero de 2013

Diputación de Huelva

DIPUTACIÓN DE HUELVA
En 1812 la Constitución de Cádiz promovió la prosperidad de todos los rincones de España al crear los cimientos del nuevo orden territorial. Sin embargo la inestabilidad del país junto con el Trienio Liberal y la vuelta al trono del hijo de Carlos V dificultó la división provincial.
Sin embargo mientras que fue regente María Cristina fue cuando se implantó la organización del territorio en las actuales provincias, aunque a lo largo de los años sufrió ligeros retoques. El ministro de Fomento Javier de Burgos fue el que ejecutó esa labor a través del real Decreto de 30 de noviembre de 1833. La provincia de Huelva nació albergando a 75 municipios siendo Huelva su capital.
El 16 de noviembre de 1833 fue cuando se dio prácticamente los primeros pasos de la institución provincial onubense. Su primer presidente fue José Huet, el cual también era Jefe Político provincial. Junto a este ente provincial nos encontramos al Pleno que era su auténtico órgano decisorio. Los primeros integrantes del Pleno representaban también a los partidos judiciales de Ayamonte, Moguer, el Cerro, La Palma y Huelva y en el año 1836 se añadió también la representación del partido judicial de Aracena. Al principio no les fue fácil encontrar una sede donde pudiesen realizar sus funciones de una forma digna, incluso intentaron que les cediesen alguno de los  bienes afectados por la Ley de Desamortización de Mendizábal, decretada en febrero del 36. Sin embargo al tener que compartir el espacio que les cediesen con otras instituciones optaron por establecerse en la casa de Teresa Camacho, pagándole mensualmente un arrendamiento de doscientos reales.
Sin embargo hacia 1851 volvieron a tener la necesidad de cambiarse de local, debido a la creciente burocracia. Intentaron instalarse en el convento de Santa María de Gracia, sin poderlos ocupar por lo que volvieron a recurrir al alquiler pagando en esta ocasión doscientos reales a don Antonio María de Tellechea por el arrendamiento mensual de una parte de su edificio que ocupan las oficinas de la Diputación y Consejo provincial. Ya en 1863 adquirieron el ex convento de La Merced, instalándose allí de inmediato los principales servicios provinciales. Por aquel entonces la diputación ya tenía asumido la conducción de una antigua fundación benéfica, el Asilo y la Casa Cuna de Ayamonte.
Desde sus inicios la diputación de Huelva ha jugado un importante papel en la implantación del régimen libera en distintos niveles tales como el administrativo, defensivos (ante la amenaza involucionista) e ideológicos (fomentando los ideales liberales en la provincia). Por supuesto y a pesar de las resistencias, también consiguió encauzar la política municipal. Podemos destacar también que la diputación se empeñó en el desarrollo económico de la provincia, dándole una gran atención a las comunicaciones con la Sierra, la Mina y el Puerto de Huelva, aunque es cierto que en sus principios tenían más voluntad que resultados reales.
Podemos decir que tuvo buena repercusión el papel del cuerpo provincial tanto en la organización de quintas como en su labor benefactora, la cual estaba concretaba en la promoción a la instrucción pública, la creación del hospital provincial y la atención prestada al problema de la exposición de niños (Asilo y Casa Cuna de Ayamonte). Aunque es cierto que debido a la falta de recursos mediatizo en gran medida los avances que se obtuvieron en esa área.
Desde sus orígenes la Diputación de Huelva mostró gran interés  por la reivindicación de la aventura colombina, por lo que en 1839 presentó un proyecto de armas de la provincia haciendo referencia al Descubrimiento y al protagonismo de  Huelva en dicho acontecimiento. También llevo a cabo la diputación varias obras de restauración  entre las décadas de los 50, 60
y 70 del siglo XIX del edificio del convento de  la Rábida. Pidiendo en 1864 la declaración de dicho edificio como Monumento Nacional.
A lo largo de la dictadura de Primo de rivera la Diputación se regeneró gracias a una nueva generación de gestores que le dieron un pulso más vigoroso a la política provincial. Para ello contaron con el Estatuto de calvo Sotelo del 20 de marzo de 1925, que ofreció a las diputaciones unas competencias y presupuestos hasta entonces nunca vistos. A partir de ese instante  la corporación onubense empezó a promover infraestructuras, pero estimulando principalmente la construcción de caminos vecinales. La insostenibilidad de este despliegue (ya que estaba basado en el crédito) fue su gran inconveniente. Está institución se transformó, complicándose su estructura organizativa al mismo tiempo que se fueron multiplicando sus empleados.
A  pesar de que en 1928 el Régimen presenta evidentes señales de agotamiento, la diputación decidió continuar con sus prioridades aunque tuvo que recortar en otros gastos. En aquellos años que anteceden a la república, dicha corporación municipal intento por todos los medios posibles, reorientar la política provincial intentando ajustar al máximo las cuentas volviéndose a ocupar de nuevo de sus cometidos tradicionales, los benéfico-asistenciales. Durante la Segunda República los diputados onubenses se enfrentaron a unos presupuestos impopulares por lo apuradísimos que eran, así como a las anomalías continuas que se sucedían en la disciplina y correcto funcionamiento de varios servicios provinciales, sobre todo aquellos que sufrieron más restricciones en los presupuestos. A partir de 1932 se puede observar que la diputación llevó a cabo un programa claramente republicano donde primaba lo benéfico por encima de la construcción de carreteras por ejemplo, cuyo trazado se ralentizó. A partir de 1934 la diputación conto con varias gestoras, las cuales se disolvían sin haber realizado maniobras alguna. Durante la Guerra Civil la Diputación Provincial se estableció en la Calle Puerto del centro de la capital onubense, mientras que el actual Palacio Provincial se inauguró el 7 de julio de 1962 en la calle Gran Vía.
Uno de los servicios que ofrece la Diputación Provincial de Huelva desde el 13 de diciembre de 1999 a raíz de un convenio suscrito entre esta institución y el Instituto Nacional de Consumo es el Arbitraje de Consumo, el cual es un sistema de resolución de conflictos entre consumidores y empresarios, el organismo creado para tal fin es la Junta Arbitral Provincial de Consumo. La naturaleza de esta junta arbitral se recoge en la actual Ley 13/2003 de Defensa de los consumidores y Usuarios de Andalucía, en la que se establece que las diputaciones tienen como labor informar y orientar a los usuarios o consumidores de dichas provincias. El Sistema Arbitral de consumo se regula por el Real Decreto 231/2008 de 15 de febrero. Para que el asesoramiento llegue a todos los municipios de la provincia la diputación onubense cuenta con su propia Junta Arbitral Provincial y un Servicio de Consumo. La junta arbitral onubense cuenta con más de 2600 empresas adheridas y en  cada año se supera la centena de solicitudes resueltas.

La Diputación se divide en las siguientes áreas:                                                                                        
·         Área de cooperación al desarrollo local
·         Área de infraestructura, servicios y obras
·         Área de administración general
·         Área de bienestar social
·         Área de medio ambiente
·         Área de cultura, juventud y ocio
En las elecciones celebradas en España en el año 2011 los 27 diputados se distribuyeron de la siguiente manera:


 La diputación provincial está integrada por el Presidente, siendo el actual Ignacio Caraballo, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno. Dentro de la Diputación nos encontramos cuatro organismos autónomos, y son los siguientes: Huelva la Luz, el Servicio de Gestión Tributaria, La Empresa Provincial de la Vivienda y la Fundación Juan Ramón Jiménez.



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